Corte Constitucional dice que utilizar el contrato de prestación de servicios para esconder relaciones laborales es violatorio de la constituci

Corte Constitucional dice que utilizar el contrato de prestación de servicios para esconder relaciones laborales es violatorio de la constitución NacionalLa Corporación le reprochó  a las entidades públicas hacer uso irregular de ese instrumento de contratación, siendo que su deber como parte del Estado es asegurar el respecto a la Constitución Nacional.Al revisar una sentencia de tutela proferida por el juzgado ochenta y seis Civil Municipal de Bogotá, la Corte Constitucional fustigó severamente a las entidades públicas, por utilizar la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado además, la excepcionalidad de este tipo de contratación.
 Y agregó que en ese contexto, las garantías de los trabajadores deben ser protegidas por los órganos competentes, con independencia de las prácticas y artilugios estratégicos a los que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral y burlar los derechos laborales constitucionales de los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo cuando es éste el principal encargado, a través de sus entidades, de garantizar el cumplimiento de la Carta Política.Señaló así mismo que el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución, razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  53 Superior, el principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el Estado. Al respecto la Corte señaló que independientemente del nombre que las partes le asignen al contrato lo realmente relevante es el contenido de la relación de trabajo.Así mismo,  precisó la Corte Constitucional que existirá una relación laboral cuando: i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado. Por el contrario, existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 cuando: i) se acuerde la prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública, ii) no se pacte subordinación porque el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, iii) se acuerde un valor por honorarios prestados y, iv) la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados.Y explicó que la última condición señalada, o sea la iv), hace referencia a aquellos casos “en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que, de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.”En conclusión, el contrato administrativo de prestación de servicios sólo procede en aquellos casos en que se trata de atender labores ocasionales, extraordinarias,   o que temporalmente excedan la capacidad organizativa y funcional de la entidad. O sea que el contrato administrativo de prestación de servicios no puede ser utilizado para la ejecución de labores permanentes de la entidad pública, o que a pesar de ser ocasionales, las mismas puedan ser realizadas por  personal de planta.Finalmente, rememoró la Corte lo expresado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la Sentencia del 15 de junio de 2011 en la que manifestó “que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del a