Dej? el empleo porque me reconocieron la pensi?n de invalidez, despu?s me la quitaron.

De entrada debemos anotar que no existe en nuestra normativa legal ninguna disposición que regule textual y puntualmente la situación que se presenta cuando una persona deja su empleo debido a que se le ha reconocido la pensión de invalidez y luego de un tiempo de estar recibiéndola es privado de la misma porque al revisar su condición de discapacidad se encuentra que ésta ha disminuido de tal manera que su pérdida de capacidad laboral ahora es inferior al 50%,  con lo cual desaparece el fundamento de la pensión.


A un abogado inexperto muy seguramente se le ocurriría demandar el acto administrativo que dispone la suspensión del pago de la pensión, alegando, por ejemplo, que se trata del desconocimiento de  un derecho adquirido. Otro probablemente acudiría  a la acción de tutela aduciendo que al pensionado se le vulneró el derecho al mínimo vital, a la vida, a la seguridad social, etc., o irían a la justicia ordinaria laboral con argumentos similares. O sea, que todos ellos pedirían que se restableciera el pago de la pensión.  En esos casos el resultado sería el mismo: la decisión adoptada por la entidad pagadora de la pensión debe mantener su firmeza, toda vez que se ajusta a la ley,  por cuanto al haber desaparecido la causa que le dio origen a la pensión ésta estaba llamada a desaparecer.


Pues bien, ante la falta de regulación legal al ciudadano incurso en esa situación no le quedaría otra opción que exigirle a su antiguo empleador que lo reintegre al cargo que venía desempeñando en la empresa al momento de salir de ella por efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, o a otro cargo de igual o superior nivel, sin menoscabo alguno de sus derechos.


Esa es la solución que ha encontrado la jurisprudencia para resolver la situación de vulnerabilidad a que queda expuesta la persona al ser privada del salario que devengaba y de la pensión que percibía.


Al ocuparse de un caso de contornos similares al que se viene de enunciar, la Corte Constitucional recordó que la Ley 100 de 1993, establece que el beneficiario de una pensión de invalidez debe someterse periódicamente a revisión para determinar su evolución y de conformidad con el resultado puede incluso suspenderse el pago de la prestación.


Y  acotó: 


(…) Lo anterior indica que cuando la incapacidad del pensionado por invalidez disminuye por debajo de los límites establecidos en la ley -según el examen médico que puede practicársele trienalmente-, es legítimo declarar la extinción de la pensión de invalidez


(…) Sin embargo, en la Sentencia T- 050 del 1 de febrero de 2007 consideró la Corporación que quien pierde su derecho a la pensión- en virtud de la recalificación de su estado de invalidez- tiene el derecho a ser reintegrado al cargo que venía desempeñando al momento de su despido (o retiro) (…)


Ahora bien, aquí surgen inevitablemente las siguientes preguntas


-Qué puede hacer el trabajador si el empleador se niega a reintegrarlo?


-¿Puede acudir a la justicia ordinaria laboral (o contenciosa administrativa) para que el juez diga si el trabajador tiene o no derecho al reintegro?   


Muy sencillo: la Jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha señalado el camino a seguir: la acción de tutela.


Así se expresó esa alta Corporación en la Sentencia en comento: 


Es por ello que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtenerlo, al no existir otro medio de defensa judicial efectivo para el efecto. (…) :


En el presente caso, no encuentra la Sala un mecanismo de defensa judicial del cual pueda disponer el actor para solicitar su reintegro al cargo luego de haber sido pensionado por invalidez, y haber perdido su pensión por recuperar su capacidad laboral. En efecto, no existe norma en el ordenamiento jurídico colombiano que prevea tal situación, razón por la cual la acción de tutela procede de manera directa y definitiva, y se convierte en el medio judicial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales que aquí se debaten.”


De esta forma, cuando la Junta de Calificación determina que quien percibía una pensión de invalidez, frente a una nueva evaluación, ya no presenta el grado de incapacidad requerido para s